Sin duda alguna, el gobierno nos ha embarcado en un tren de alta velocidad directo a la confrontación. La forma en como ha manejado el conflicto con los pueblos indígenas desde el inicio demuestra que el verdadero interés del ejecutivo es la protección de las grandes empresas extractivas antes que el cuidado del medio ambiente y la vida de los peruanos.

Con el tiempo, las pruebas de lo realmente sucedido ese 5 de junio empiezan a salir a la luz. Según dan cuenta varios testimonios (muchos de ellos recogidos en el informe de la FIDH), el 4 de junio se reunieron Salomón Awanash, líder indígena, con el oficial Víctor Uribe, a cargo de la policía en la zona, y el monseñor Santiago García de la Casilla. En la reunión se acordó que los indígenas que habían tomado la carretera de la Curva del Diablo se retirarían pacíficamente al rededor de las 10 de la mañana del día siguiente. Incluso al parecer se habría recuperado el acta de aquella reunión. Sin embargo la policía, no sabemos porqué motivo, decidió adelantarse e iniciar el operativo a las 5 de la madrugada, operativo que terminó costando la muerte de al menos 34 peruanos.

La magnitud de la tragedia obligó a ambas partes a replantear sus estrategias. Mientras los indígenas se replegaban a sus comunidades, el gobierno decidió contraatacar con mayor ferocidad emitiendo un spot donde acusaba a los indígenas de terroristas y con denuncias a prácticamente todos los dirigentes de AIDESEP. Fue la reacción popular expresada ese 11 de junio la que obligó al gobierno a retroceder, o, viéndolo a la luz de los meses, dar la apariencia de retroceder.

A partir de ese momento el gobierno inició el proceso de diálogo, mientras en el congreso se derogaban algunos de los decretos legislativos que habían causado inicialmente este problema. Se instalaron cuatro mesas de diálogo para discutir y replantear las leyes en cuestión. Pero sin embargo el gobierno nunca retiró las denuncias a los dirigentes. Mientras tanto, se preparaban otras estrategias. La primera de ella fue el intento de colocar una AIDESEP bamba, con ex dirigentes expulsados de las comunidades, pero que tenían una posición afín al gobierno. Gracias a la prensa que denunció el hecho la medida no prosperó.

Ahora el gobierno ha presentado un pedido para la disolución de AIDESEP, por supuestamente incumplir los fines para los cuales fue creada y atentar contra el orden público. Sin embargo, la verdadera intención estaría en las medidas cautelares. Una de ellas implica el nombramiento de una junta administradora que remplace a la actual junta directiva de AIDESEP, mientras dure el proceso judicial por la disolución, lo que tomaría al menos dos años. Los pueblos indígenas han reaccionado dando un plazo de 20 días al gobierno para que retire esa demanda y retome el diálogo. Sin embargo el gobierno presidido por Alan García no ha manifestado ninguna intención de hacerlo.

¿Cuál es el plan del gobierno? ¿Descabezar y controlar AIDESEP? ¿Imponer su modelo económico y extractivista a como de lugar? Bajo este rumbo vamos directo a mayores conflictos y de mayor magnitud. El resultado inevitable de la prepotencia de la actuación del gobierno es un rechazo frontal y directo. La responsabilidad de lo que suceda le corresponde al APRA, ya que ellos son los que están poniendo todas las trabas al proceso de diálogo. Espero que por un milagro el gobierno reaccione y de marcha atrás a esta estrategia. Pero yo no le tengo muchas esperanzas...