Los que suscribimos rechazamos rotundamente el contenido del Informe Final elaborado por la Comisión Especial de Investigación por los hechos ocurridos en Bagua (CEI), publicado en enero del presente año por el Ministerio de Agricultura, por las razones siguientes:

1. Se invisibiliza la culpabilidad del Gobierno. Los pueblos indígenas defendieron sus tierras y su vida, y los enfrentamientos que acontecieron en el marco de aquella defensa, tienen como principal causa la emisión del paquete de decretos legislativos que buscaba facilitar las concesiones en nuestra Amazonía. Asimismo, ya iniciado el conflicto, el Ministerio del Interior encabezado por Mercedes Cabanillas, preparó un operativo desastroso de desalojo de la Curva del Diablo, en Bagua, generando un enfrenamiento innecesario que cobró las vidas de policías y nativos. Finalmente, considérese la actitud intransigente y provocadora del gobierno de Alan García, declarando públicamente que los nativos no son ciudadanos de primera categoría y dando condolencias oficiales sólo a los deudos de los policías fallecidos. ¿No esa una forma de avivar el conflicto, de azuzar? El gobierno generó el conflicto, lo avivó y lo llevó a un enfrentamiento innecesario. Pero todo esto no está en el mentado informe. ¿Podemos, entonces, considerarlo válido y serio?

2. Criminalización de la protesta amazónica. Se condena a los miembros activos de las iglesias involucradas en la zona, a las ONG's y a los activistas políticos como "sediciosos" por haber asumido una posición de apoyo a los pobladores y dirigentes amazónicos. El gobierno aún no sale de aquella percepción colonial según la cual los pueblos indígenas son una masa manipulable. Y lamentablemente esa visión la recoge el susodicho informe, un informe que parece escrito por Alan García, para quien toda protesta social es una suerte de traición a la patria, un impedimento al avance del Perú. Ya lo vimos ordenando a las fuerzas policiales disparar sus armas, sin pensarlo dos veces, cuando se tenga que reprimir una manifestación. Orden amparada en decretos legislativos firmados por él.

3. Metodología tendenciosa a favor de los intereses del gobierno. Hay un trato desigual entre los testimonios recogidos de las autoridades y los testimonios recogidos de los indígenas. Estos últimos son descontextualizados y tratados de modo racista. Ese es uno de los motivos por los que el presidente de la comisión, el líder indígena Jesús Manacés, no suscribe el contenido del informe. ¿Puede considerarse válido un documento así?

4. Caricaturización de la organización social amazónica. El informe dice: "Los pueblos indígenas están buscando integrarse al Estado". Esta afirmación es totalmente contraria al discurso de las organizaciones indígenas, que buscan, más bien, que el Estado respete su autonomía como pueblos, consultándoles sobre las intervenciones en sus tierras, tierras que son suyas por el derecho que confiere habitarlas por cientos de años.

El conflicto no ha terminado. Muchos esperábamos que con la derogatoria de los decretos más controversiales, la instalación de las mesas de diálogo y la formación de una comisión investigadora, comenzara una verdadera solución. Pero ya vemos que sucede lo contrario. Sigue la persecución a dirigentes y se publica un informe poco serio y que busca expiar las culpas del gobierno. Por tales razones, convocamos a todos y todas a adherirse a este reclamo y a manifestar su indignación en la movilización a realizarse este 22 de febrero, convocada por el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía (FRENVIDAS) en solidaridad con las movilizaciones que se realizarán en la zona norte del país, organizadas por la Coordinadora Macro-regional Norte de Pueblos Indígenas Andinos y Amazónicos del Perú.

En Lima la convocatoria es a las 3: 00 p.m. en la Plaza de Acho.

¡Por un verdadero informe sobre los sucesos de Bagua!

¡Alto a la persecución de dirigentes indígenas!

¡No a la criminalización de la lucha amazónica!